El sistema de la pena de muerte responde a la violencia con el mismo grado de violencia; multiplica el trauma causado por la violencia y lo extiende por varias décadas y magnifica el racismo y la opresión que el sistema de justicia impone sobre las personas más vulnerables del país. Lo que no hace es mejorar la seguridad, promover la recuperación de las personas afectadas por la violencia (incluyendo la persona que cometió el acto de violencia) y no fomenta la rendición de cuentas o la reparación del daño ocasionado. Pero esto es precisamente lo que necesitamos que haga nuestro sistema de justicia.
El riesgo de ejecutar a una persona inocente es real. La era del ADN nos permite tener pruebas irrefutables de que nuestro sistema legal condena a muerte a personas inocentes. Pruebas que antes se consideraban confiables, ahora sabemos que no siempre son precisas. Las pruebas de ADN han exonerado a cientos de personas, pero no están disponible en la mayoría de los casos. Incluso si tienen las mejores intenciones, la precisión de los seres humanos no puede ser 100%. Un solo error es demasiado.
La justicia en la pena de muerte es esquiva. Los acusados pobres que han sido condenados a muerte fueron defendidos por abogados que estaban borrachos, dormidos o que no tenían ningún tipo de experiencia. El sistema de justicia está anclado en el racismo y en la desigualdad, lo que permite que factores como la geografía y la raza determinen quién vive y quién muere. Todos los esfuerzos para “arreglar” el proceso solo han hecho que sea más complejo, no más justo.
Es un complicado proceso que drena nuestros recursos. La pena de muerte cuesta millones de dólares más que cualquier otra sentencia por delitos graves, incluso antes de la primera apelación. El tiempo que se dedica a un solo caso que involucra la pena capital podría aprovecharse para resolver muchos otros casos, ayudar a financiar programas comunitarios para la reducción de la violencia y ofrecer servicios esenciales que ayuden a las víctimas de la violencia y a sus familias.
La pena de muerte le falla a las familias de las víctimas de homicidio. El largo proceso prolonga el dolor que el homicidio causa en los sobrevivientes y los obliga a revivir el trauma en todos los juicios y audiencias posteriores. La mayoría de los casos son anulados y se dicta una sentencia distinta a la que fue prometida, pero solo después de que la familia sufre años de incertidumbre.
Estamos listos. Además de la creciente evidencia de malgasto de recursos, errores y prejuicios, la realidad del racismo y de la corrupción de la pena de muerte ha destruido la confianza del público en el sistema de justicia. Cada vez más personas están reconociendo que las iniciativas comunitarias para reducir la violencia mejoran la seguridad y abordan el trauma. Todo esto explica por qué las condenas a muerte están en sus niveles más bajos y por qué el apoyo del público por la pena de muerte está por el suelo. En todo el país los estados están reconsiderando sus estatutos de la pena de muerte. La pena de muerte está en su lecho de muerte. Los estadounidenses están listos para dejarla ir.