Contrario a la creencia popular, es extremadamente difícil anular una sentencia y luchar por la inocencia de una persona requiere esfuerzos y recursos extraordinarios fuera del sistema legal vigente. Organizaciones sin fines de lucro, abogados voluntarios, estudiantes, familiares y amigos a menudo tienen que librar largas batallas legales para ser escuchados por los tribunales.
La cultura popular nos hace creer que las personas “son liberadas debido a tecnicismos”, pero lo más probable es que se ejecute a una persona debido a tecnicismos — porque los obstáculos legales evitan que los tribunales consideren nuevas evidencias o porque un abogado no respetó un plazo legal o no objetó algo en el momento adecuado.
Se llevó a cabo una ejecución en el 2007 porque el juez decidió cerrar el tribunal a las 5 p.m. la noche de la ejecución, a pesar de que la práctica anterior era permanecer abiertos los días en que se iban a realizar ejecuciones para escuchar las apelaciones finales.1 En el 2012, una apelación en Alabama fue casi denegada debido a una confusión en el cuarto de correos.2
Estos “tecnicismos” no deberían nunca interponerse con la posibilidad de que alguien tenga una audiencia justa en los tribunales, pero en los casos donde el acusado es inocente, es algo verdaderamente aterrador. Con demasiada frecuencia los casos son contaminados por errores de la fiscalía y procesos legales descuidados e inconsistentes que ponen vidas en juego debido a “tecnicismos”. Consideremos el caso de Joe Amrine que fue exonerado en Missouri. La fiscalía le dijo al juez que aunque Amrine era de hecho inocente, debía ser ejecutado para no seguir prolongando el proceso legal. De hecho, los tribunales se rehusaron a tomar en cuenta pruebas de la inocencia de Amrine porque dijeron que el abogado del juicio original debió tener esta información — y por lo tanto, no contaba como información “nueva”. La liberación de Amrine tomó 18 años.3
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Sí, varias ejecuciones han ocurrido incluso cuando los abogados estaban tratando de presentar pruebas sustanciales de la inocencia. No hay forma de saber cuántas personas inocentes han sido ejecutadas porque los abogados que trabajan en los casos que involucran la pena de muerte tienen pocos recursos para trabajar en los casos de los clientes que están vivos, mucho menos en los casos de personas que ya no están vivas.
Pero en años recientes, exhaustivos análisis de los casos en los que existía sólida evidencia de inocencia han sido documentados.
- Un informe del 2012 titulado “The Wrong Carlos” (El Carlos equivocado) detalla el caso de Carlos DeLuna que fue ejecutado por un delito que probablemente fue cometido por Carlos Hernández.4 Los dos se parecían físicamente, pero durante el juicio, la fiscalía argumentó que Carlos Hernández era un fantasma inventado, a pesar de su extenso historial criminal.
- Cameron Todd Willingham fue ejecutado por incendiar su casa y matar a sus tres hijos, pero ocho expertos en incendios provocados ahora dicen que el testimonio forense usado para declararlo culpable se basa en principios pseudocientíficos y que no existe evidencia de que el incendio haya sido intencional.5
- Troy Davis fue ejecutado en el 2012 a pesar de que casi un millón de personas de todo el mundo expresó que no se debía proceder debido a las dudas existentes.6
Ninguno de estos casos es definitivo. Es casi imposible comprobar el error tanto tiempo después de que ocurre el hecho. Pero la evidencia de inocencia es sumamente sólida.
Esto es lo que sabemos: por lo menos 197 personas han sido exoneradas de pabellones de la muerte de todo el país. En muchos de estos casos, la exoneración se dio después de librar largas batallas legales y gracias a los extraordinarios esfuerzos de personas que trabajaban fuera del sistema. Cualquiera de estas personas exoneradas del pabellón de la muerte pudo haber sido ejecutada.
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Las muestras de ADN están disponibles en menos de 10% de los casos de homicidio.7 En la mayoría de los casos, simplemente no hay muestras de ADN que analizar. La policía y los científicos dependen en estos casos de otras fuentes de evidencia — el testimonio de testigos, confesiones, informantes en las cárceles y otras evidencias forenses — que han comprobado ser poco confiables. La Academia Nacional de Ciencias (NAS), la institución más importante de asesores científicos de la nación, ha dicho que la mayoría de los tipos comunes de evidencia forense — incluyendo huellas dactilares, marcas de dientes, muestras de cabello y pruebas balísticas — no son confiables para vincular la evidencia encontrada en la escena del crimen con una persona específica.8
Incluso cuando hay una muestra de ADN que analizar, esta puede estar contaminada o haber sido mal manipulada. Personas inocentes han sido declaradas culpables de delitos graves debido a evidencia de ADN analizada mal o incluso fraudulentamente.9 Cualquier evidencia científica es tan precisa como lo son los seres humanos que realizan las pruebas — y los seres humanos no están en lo correcto el 100% de las veces. Incluso con los avances científicos, no hay forma de tener un sistema que nunca se equivoque.
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Hay demasiados ejemplos de casos que parecían ser absolutamente seguros, pero cuya certidumbre se fue desmoronando posteriormente.
Días después de ser violentamente violada, Jennifer Thompson-Cannino identificó a Ronald Cotton como la persona responsable del crimen. Cotton fue sentenciado a cadena perpetua en base casi exclusivamente a su testimonio. Nueve años después, las pruebas de ADN demostraron que otro hombre era responsable de la violación y que Cotton era inocente. Jennifer ahora se dedica a hablar contra la pena de muerte en todo el país. Estaba 100% segura de haber identificado al culpable — pero estaba equivocada.10
Ray Krone fue condenado a muerte cuando expertos en ciencias forenses dijeron que las marcas de dientes en la víctima eran suyas y que esto era prueba de su culpabilidad. Krone fue sentenciado a morir. Pasaron diez años antes de que la evidencia de ADN lo exonerara. Las marcas de dientes han sido ampliamente desacreditadas por la Academia Nacional de Ciencias.11
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Los casos que involucran la pena de muerte requieren procesos rigurosos de apelación debido a la gravedad de la sentencia — la vida de una persona está en juego. Por esto el proceso legal es lento y complicado. Se puede requerir de docenas de audiencias y de la presentación de documentos jurídicos en varios tribunales antes de que uno de ellos acepte evaluar un error o tomar en cuenta nueva evidencia. Esta evidencia después está sujeta a exhaustivos escrutinios y procesos legales que requieren más audiencias y más documentos jurídicos.
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La certidumbre nunca es parte del proceso de la pena de muerte. Históricamente, dos tercios de las sentencias que involucran la pena de muerte son anuladas en algún momento debido a un error grave. Gran parte de los acusados recibe otra sentencia y no son ejecutados. Estas capas adicionales del proceso legal requieren que las familias sobrevivientes vuelvan a sufrir dolor, usualmente de la forma más pública imaginable, a través de los medios de comunicación, mientras el nombre de la persona que les hizo el peor daño posible aparece en los titulares de los periódicos y en la televisión.
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En general, los casos que involucran la pena de muerte son mucho más costosos que los casos que no involucran la pena de muerte debido a la duración del proceso y el costo de los tribunales y de los procesos legales. Los casos que involucran la pena de muerte pueden costar hasta diez veces más que sus alternativas. Por ejemplo, en Maryland, los casos que involucran la pena de muerte cuestan casi $2 millones más que los casos que no involucran la pena de muerte. De hecho, Maryland gastó $186 millones adicionales para llevar a cabo solo cinco ejecuciones. 12
Para nada. Muchos de los gastos en los casos que involucran la pena de muerte ocurren durante el juicio inicial. Los juicios que involucran la pena de muerte son los más complicados y prolongados que puede manejar un tribunal. Requieren más abogados, más testigos y más expertos. También requieren un proceso de selección del jurado más largo, más mociones antes del juicio y un juicio completamente independiente para determinar la sentencia. Estos y otros gastos resultan en costos exorbitantes antes de que haya una sola apelación. Es más, estos gastos ocurren incluso en casos en los que la fiscalía solicita la pena de muerte, pero el jurado opta por un castigo distinto.
Muchos de los procesos adicionales son legalmente obligatorios para reducir el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Pero todas estas protecciones no son suficientes — por lo menos 197 personas han sido exoneradas del pabellón de la muerte tras pasar años o décadas esperando que la verdad saliera a la luz. Reducir las apelaciones virtualmente garantizaría que algunos de estos hombres y mujeres inocentes estuvieran muertos hoy, ejecutados por crímenes que no cometieron.
Más de 15 estudios en una cantidad similar de estados han revelado que los casos que involucran la pena de muerte cuestan hasta 10 veces más que los casos de homicidio en primer grado que no involucran la pena capital. Ningún estudio de costos realizado por ningún estado ha encontrado que la pena de muerte es menos costosa.
Estos estudios fueron hechos en varios tipos de estados — desde los que usan la pena de muerte mucho, como Texas y Florida, hasta los que la usan muy poco, como Maryland y Kansas y estados intermedios como Tennessee y California.13 No hay razón para creer que un estudio en algún otro estado revelará que de alguna forma sean menos costosos.
A lo largo de la historia de Estados Unidos, el enfoque de la justicia se ha basado en un solo principio: ¿quién cometió el delito y cómo lo castigamos? Este sistema ha hecho muy poco para mejorar nuestra seguridad o para ayudar a los afectados. Pero seguimos gastando miles de millones de dólares en un sistema que traumatiza a todos los que están en contacto con él.
La pena de muerte es la más extrema y atroz respuesta a la violencia. Toda persona que entra en contacto con la pena de muerte — ya sean los familiares de las víctimas de homicidio, los empleados de las prisiones o quienes están encarcelados, a veces por error — experimenta traumas sin recibir el apoyo que necesitan para sanar.
El dinero que malgastamos en el destructivo sistema de la pena de muerte podría ser invertido en justicia real. Esto significa invertir en estrategias que eviten la violencia antes de que ocurra, significa financiar sistemas de apoyo para ayudar a los familiares de las víctimas a sanar del dolor y del trauma producidos por la pérdida de un ser querido y significa crear un sistema que haga que al rendir cuentas de nuestros actos reparemos el daño y no causemos más dolor.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha dicho que si la pena de muerte se aplica de forma arbitraria, no se puede aplicar en lo absoluto.14 Pero la realidad es que el sistema es similar a una lotería: el cómplice de un homicidio puede ser sentenciado a muerte mientras que la persona que cometió el homicidio no lo es; el robo de una tienda de conveniencia que salió mal puede terminar en una ejecución, mientras que alguien que cometió metódicamente varios homicidios puede ser condenado a cadena perpetua; dos delitos similares en condados distintos — en uno alguien es condenado a muerte, en el otro alguien es enviado a prisión. Estas disparidades son la norma, no la excepción. Factores como geografía, acceso a un abogado competente, la raza e incluso el género, pueden determinar quién vive y quién muere.
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Se ha determinado que ocurren graves errores en 7 de cada 10 casos que involucran la pena de muerte. Este alto índice de error hace que el estado tenga que gastar más mientras los familiares de las víctimas atraviesan más dolor al revivir la tragedia durante el proceso. También demuestra que algo está terriblemente mal con el sistema.
Más de 197 personas que fueron sentenciadas a morir y fueron exoneradas tuvieron que librar largas batallas legales antes de que la verdad fuera escuchada. En muchos casos la suerte fue un factor importante en su liberación — otro delito que reveló quién era el verdadero culpable, por ejemplo, o incluso estudiantes de periodismo que descubren nueva evidencia como parte de un proyecto escolar. Las personas no son exoneradas debido al sistema, son exoneradas a pesar de él.
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Siempre que la pena de muerte sea una opción, existe un real e inaceptable riesgo de ejecutar a una persona inocente. Si la pena de muerte se usa tan poco, entonces es una innecesaria y potencialmente dolorosa distracción para los familiares de la víctima cuando lo que más necesitan después de perder a un ser querido es apoyo en su proceso de sanación.
No existe evidencia de que la pena de muerte evite la violencia más que cualquier otra sentencia. De hecho, en el 2012 el Consejo Nacional de Investigaciones analizó todos los estudios que mencionaban efectos disuasorios desde todos los ángulos del problema y no encontraron evidencia confiable de que la pena de muerte evite los homicidios.15
Casi dos tercios de los estadounidenses y 88% de los criminólogos opina que la pena de muerte no es una forma efectiva de disuadir a los criminales.16
Las personas que han pasado por el trauma de perder a un ser querido debido a un homicidio merecen mucho más que lo que nuestro sistema de justicia les ofrece: un enfoque exclusivo en el castigo. El sistema actual virtualmente ignora todas las necesidades de los sobrevivientes.
Un sistema de verdadera justicia reconoce las necesidades de todos los afectados por la violencia. Permite que todos sanen, mejora la seguridad de todas las personas de todas las comunidades y permite que las personas rindan cuentas de sus actos de una forma que repare el año en lugar de causar más dolor.
La pena de muerte es la más extrema y atroz respuesta a la violencia. Drena escasos recursos en unos cuantos casos y hace que sea imposible crear un sistema de verdadera justicia enfocado en sanación, algo tan crucial para los familiares de las víctimas que necesitan terapia especializada en duelo, asistencia económica y apoyo continuo. Esto es lo mínimo que merecen y nuestro sistema de la pena de muerte las falla en muchas formas.
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Una moratoria es como una pausa en las ejecuciones por un periodo específico. Con frecuencia se implementa una moratoria mientras el estado analiza y trata de solucionar la gran cantidad de problemas que existen con la pena de muerte. Lo único que se detiene durante una moratoria son las ejecuciones — nadie es removido del pabellón de la muerte y la fiscalía puede seguir solicitando la pena de muerte.
Muchos estados usan la pena de muerte con poca frecuencia. Pero detener las ejecuciones — incluso si es indefinidamente — no crea ningún mecanismo para solucionar los problemas de la pena de muerte. Si el estado de repente decide reiniciar las ejecuciones, personas inocentes seguirían estando en peligro y el proceso de determinar la sentencia seguiría siendo arbitrario e injusto.
Incluso si un estado jamás reinicia las ejecuciones, este limbo crea otros problemas. El sistema de la pena de muerte seguiría arrastrando a los familiares de las víctimas a través de un largo y complicado proceso, prometiendo una ejecución que posiblemente no ocurrirá. Millones de dólares seguirían siendo malgastados en solicitar ejecuciones que jamás ocurrirán. Miles de horas de trabajo de los tribunales y de las autoridades se dedicarían a las ejecuciones en lugar de a resolver muchos otros crímenes.
Tomar un descanso de las ejecuciones no es una solución permanente. La única forma de solucionar los grandes problemas que existen con la pena de muerte es eliminarla. Una moratoria no es lo mismo que revocar la pena de muerte porque agrupa a personas que tienen distintos puntos de vista sobre el problema, incluyendo a los partidarios de la pena de muerte, para analizar objetivamente cómo está funcionando el sistema y qué se puede hacer al respecto.
- “Texas Judge on trial for mishandling execution,” por Ed Pilkington. The Guardian, 17 de agosto de 2009. La Juez Sharon Keller del Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas fue eventualmente reprendida por la Comisión Estatal de Conducta Judicial por su papel en la ejecución de Michael Wayne Richards.
- “Alabama death row inmate wins new hearing over mail mix-up,” por Mark Sherman. The Associated Press, 18 de enero de 2012. El Juez Samuel A. Alito Jr. de la Corte Suprema de Justicia describió lo que pasó con el prisionero Corey Maples que estaba en el pabellón de la muerte como una “tormenta perfecta de infortunios”.
- Joseph Amrine, The National Registry of Exonerations.
- Liebman, James et al, Los Tocayos Carlos.
- “Trial By Fire. Did Texas Execute an Innocent Man?” por David Grann. The New Yorker, 7 de septiembre de 2009.
- “I Am Troy Davis”, Donkeysaddle Projects.
- Testimonio del Dr. Michael M Baden, Director de la Unidad de Investigaciones Medicológicas de la Policía del Estado de Nueva York, ante el Comité de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos, 31 de julio de 2003.
- National Research Council of the National Academies, “Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward,” 2009.
- Veamos, por ejemplo, los casos de Josiah Sutton, Timothy Durham y Gilbert Alejandro.
- “Real Stories: Jennifer Thompson,” Conservatives Concerned About the Death Penalty.
- “Description of Innocence Cases,” Death Penalty Information Center.
- John Roman et al, The Cost of the Death Penalty in Maryland, Urban Institute, 2008.
- “State Studies on Monetary Costs,” Death Penalty Information Center.
- “Legal Background on Arbitrariness,” Death Penalty Information Center.
- National Research Council of the National Academies, “Deterrence and the Death Penalty,” 2012.
- Michael Radelet y Traci Lacock, “Do Executions Lower Homicide Rates? The Views of Leading Criminologists”, Journal of Law and Criminology, 2008. La percepción del público general tomada de una encuesta realizada por Gallup en el 2011 reveló que 64% de los encuestados opina que la pena de muerte no es una herramienta de disuasión.